Alfredo Uriel Pérez Manriquez, es licenciado en derecho por la UNAM y maestro en derecho internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, en Ginebra, Suiza. Diplomático de mexicano de carrera, se ha desempeñado como Director para Tribunales y Organizaciones Internacionales en la Consultoría Jurídica, en donde estuvo encargado de la coordinación de la participación de México en procesos contenciosos y consultivos ante tribunales internacionales. Actualmente funge como Asesor Jurídico de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.
El impacto de las armas en el goce y disfrute de derechos humanos
América Latina y el Caribe se ha vuelto una de las regiones más violentas en el mundo, considerando que no existen conflictos armados activos. Tan solo la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), en su Estudio Mundial sobre Homicidios 2023, indicó que en 2021 se registraron 89,100 homicidios relacionados con armas de fuego, la tasa regional de homicidios per cápita más alta del mundo.
Por la propia naturaleza de las armas de fuego, que son utilizadas para herir o matar, la asociación entre un mayor número de armas disponibles y el incremento de los niveles de homicidio en la región es evidente. A esto se suma el hecho de que Estados Unidos es uno de los mayores productores y vendedores de armas en el mundo, con leyes demasiado laxas y poco rigurosas para la venta de estos productos en el mercado estadounidense. Por ejemplo, de manera reciente una empresa de armas ha empezado a colocar máquinas expendedoras de municiones en supermercados.
Esta sencillez para la compra–venta de armas y municiones, aunado a prácticas negligentes de las empresas de armas, facilitan el tráfico ilícito de estos productos a diferentes países de la región, como Belice, Canadá, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, Jamaica y México.
La alta disponibilidad de armas en América Latina y el Caribe fortalece a los grupos criminales, lo cual aumenta la actividad delictiva y los daños ocasionados. Un aspecto importante identificado es el incremento de los asesinatos violentos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, vinculados con el aumento del crimen organizado, el tráfico de armas y otros delitos, lo cual deriva en una ruptura del tejido social de los países que es incuantificable y difícil de reparar. Este fenómeno obliga a los cuerpos policiales a contar con un poder de fuego superior, generando una espiral de violencia ascendente, en la que las únicas beneficiadas son las empresas de armas.
Una clara muestra del impacto del tráfico de armas es el caso de México. En la Ciudad de México se encuentra la única tienda de armas del país, propiedad del Ejército mexicano, quien la gestiona y custodia. La tienda vende una media de 38 armas al día a civiles. En 2013 sólo 3,140 ciudadanos particulares en México tenían un permiso de armas válido, y en el período de cinco años entre 2013 y 2018, el Gobierno únicamente emitió 218 licencias de armas adicionales. No obstante lo anterior, a partir de 2004, cuando concluyó la prohibición de venta de armas de asalto en Estados Unidos, cada año se trafican ilegalmente a México más de 500,000 armas desde ese país. De las armas recuperadas en las escenas del crimen en México, entre 70%-90% fueron traficadas desde los Estados Unidos.
Génesis de un litigio estratégico
En agosto de 2019 en El Paso, Texas, un supremacista blanco arrebató la vida a 23 personas y ocasionó heridas graves a otras 23, la mayoría de ascendencia mexicana. El rifle de asalto utilizado en esta infame acción fue comprado por internet, sin ningún tipo de registro ni control. Derivado de este lamentable hecho, y considerando que en Estados Unidos las víctimas de tiroteos están impedidas para demandar a las empresas de armas (la Ley para la Protección del Comercio Legal de Armas blinda a las empresas de acciones legales en su contra), México inició una serie de acciones legales para que no se repitan este tipo de tragedias.
En agosto de 2021, México demandó ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts, a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de fuego en Estados Unidos, cuyos productos frecuentemente se han encontrado y decomisado en México. En la demanda se solicitó: a) una compensación económica por el daño que ha sufrido México en su conjunto; y b) que las empresas cesen sus prácticas negligentes y adopten mayores y mejores controles sobre el destino de sus armas. Un año después, ante una Corte Federal en Tucson, Arizona, demandó a cinco tiendas que participan sistemáticamente en el tráfico de armas, incluyendo las de tipo militar, para organizaciones criminales en México.
Si bien las acciones jurídicas de México tuvieron su origen para proteger tanto a sus nacionales en Estados Unidos, como a la población mexicana en territorio nacional, los efectos y resultados de la estrategia podrían tener repercusiones positivas para toda la región.
Se define al litigio estratégico como “la herramienta de pericia de los abogados con la cual contribuyen al desarrollo del Derecho de Interés Público; es aquel que se realiza con el claro objetivo de contribuir al cambio social.”. El litigio estratégico también puede ir acompañado por diferentes acciones, tanto jurídicas, políticas y sociales, con la intención de fortalecer la acción principal. Si bien generalmente los litigios estratégicos parten desde la sociedad civil, a nivel internacional se pueden observar ejemplos de acciones iniciadas por Estados, como el caso de México.
La batalla por el acceso a la justicia
A partir de 2021 y hasta la fecha, las acciones jurídicas iniciadas por México se han convertido en un verdadero litigio estratégico que busca el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia con armas de fuego a través de la responsabilidad de las empresas enfocadas en este sector. El litigio estratégico se ha sofisticado con la solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una opinión consultiva sobre “las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos”.
De igual forma, la estrategia se ha robustecido aprovechando el papel reconocido de México a nivel internacional en materia desarme, desplegando acciones en diversos foros multilaterales, tanto regionales como internacionales. Por ejemplo, México fue uno de los principales promotores de las negociaciones que concluyeron en la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT). A 10 años de su entrada en vigor, México impulsa la discusión de la debida diligencia que deben tener las empresas de armas para evitar que sus productos tengan efectos negativos en el goce y disfrute de derechos humanos, como la integridad física y la vida.
Estos esfuerzos se replican en otros foros relacionados con el tráfico y desvío de armas, como lo son la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), y el Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como del propio ATT. En los últimos años México ha presidido los trabajos de ambos mecanismos, destacando siempre el rol de las empresas de armas y la necesidad de mecanismos de acceso a la justicia.
A pesar de que el litigio estratégico sigue su curso, sus efectos son ya visibles. Una muestra es la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, promulgada en julio de 2022 en Estados Unidos, que incrementó en forma drástica las sanciones penales para quienes participen en la compra de armas en favor de terceros no calificados para poseer armas (straw purchases) y en el tráfico de armas de fuego de origen estadounidense.
Conclusión
El litigio estratégico iniciado por México en contra del tráfico ilícito de armas centra sus esfuerzos en visibilizar la responsabilidad que deberían tener las empresas privadas que comercian con estos productos. Esta industria es una de las más poderosas en el mundo, particularmente en países en donde son protegidas en contra de demandas por daños, como lo es Estados Unidos.
El éxito del litigio dependerá también de los esfuerzos que otros Estados y sociedad civil realicen para replicar e innovar en las acciones judiciales y políticas implementadas hasta ahora por México. Sin duda el reto es enorme, pero los resultados podrían traer seguridad y tranquilidad a millones de personas que sufren violencia por armas de fuego.
Este blog es parte del proyecto “Acceso a la justicia en el contexto de abusos corporativos: la litigación como estrategia de resistencia y de empoderamiento a las víctimas (ACCJUSTEDH)” (ICI023/23/000001), financiado por el Institut Català Internacional per la Pau.
Cita sugerida: A. U. P. Manriquez ‘Génesis de un litigio estratégico para el acceso a la justicia de víctimas de violencia con armas de fuego en América Latina y el Caribe‘, Nova Centre on Business, Human Rights and the Environment Blog, 03 de Octubre 2024